En el día de ayer estaba agendado en el orden del día de la Plenaria del Senado de la República el Debate de Control Político sobre “La Crisis Humanitar ia en los Llanos Orientales”, citado por la Senadora del Polo Democrático Alternativo, Gloria Inés Ramírez Ríos, y por el Representante a la Cámara por el mismo partido, Iván Cepeda Castro, con transmisión en directo por televisión a través del Canal del Congreso y del Canal Institucional.

En un acto grotesco de saboteo al debate y de violación de la reglamentación aprobada en la convocatoria, ninguno de los ministros citados asistió, y la intervención de la Senadora Gloria Inés Ramírez comenzó con la transmisión únicamente por el Canal del Congreso, cuyo cubrimiento es muy limitado, con el agravante de que por un supuesto daño en una de las conexiones, no funcionaron ni los equipos ni el computador que contenía los apoyos audiovisuales del debate, además de que no se estaba transmitiendo por el Canal Institucional, que es el que tiene cobertura nacional.

En vista de que los reclamos hechos tanto por la Senadora citante y por el Vocero del Polo Democrático Alternativo, Senador Jorge Enrique Robledo, no fueron atendidos por la Presidencia del Senado, la Bancada del POLO tomó la decisión de suspender el debate hasta tanto no se otorguen las garantías necesarias para su cabal realización.

Si a este hecho se le agrega lo ocurrido en el día de ayer, cuando la auténtica oposición al gobierno fue excluida del Consejo Nacional Electoral por la bancada gubernamental, que quedó ocupando todos los cargos en ese importante organismo, lo que podemos concluir es que el nuevo gobierno ha resuelto mantener la política de exclusión de los sectores que no hacen parte del llamado “Acuerdo de Unidad Nacional” y que en el período iniciado el pasado 20 de julio, vamos a seguir siendo víctimas de la persecución gubernamental.

Lo que pretende el gobierno es impedir que se conozca la verdad sobre la violación persistente y sistemática de los derechos humanos en los Llanos Orientales, particularmente en lo atinente a los cementerios de La Macarena, Granada, Vista Hermosa y San José del Guaviare, en donde se encuentran sepultados 1.632 cadáveres de NNs, muchos de los cuales son potenciales víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como quedó demostrado en la Audiencia que sobre este tema se realizó en el Municipio de La Macarena el pasado 22 de julio.

A pesar de las maniobras que impidieron la realización del debate, reafirmamos que continuaremos adelantando los debates de control político desde nuestra posición de oposición al gobierno, denunciando los atropellos contra nuestro pueblo y que insistiremos sin ninguna pausa en que el gobierno respete el derecho a disentir y hacer oposición, al tiempo que convocamos a toda la opinión democrática del país a pronunciarse contra estos hechos vergonzosos que demuestran la catadura reaccionaria del régimen imperante en Colombia.

Bogotá, D.C., 31 de agosto de 2010

Hernán Durango / Bogotá. Los defensores de los derechos en Colombia reclaman a las autoridades el desmonte de viejas estructuras criminales que se encuentran incrustadas en el poder, que vienen del anterior gobierno y son el real peligro para la estabilidad de la democracia. Durante los días 29 y 29 de agosto en Bogotá los defensores que hacen parte del Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH realizarán la asamblea nacional en la que analizarán la grave situación que en esta materia vive el país, examinarán los aspectos organizativos de los 17 comités seccionales y trazarán el plan de trabajo para la presente etapa.

Diego Martínez, secretario general del CPDH informó que harán un panel con la participación de expositores como el Dr. Carlos Lozano Guillén, director del Semanario VOX y miembro del grupo de colombianos y colombianas por la paz; Padre Gabriel Izquierdo y Alfher Rojas, periodista e investigador.

Explicó que entre los temas que se debatirán en la asamblea del CPDH está la discusión y aprobación de las líneas generales de acción respecto al plan de trabajo nacional del CPDH 2010- 2011, con base al actual contexto político y social que vivirá el país, las conclusiones del XI Foro Nacional de Derechos Humanos y la Paz.

La lupa se la pondrán a aspectos como la política de Seguridad democrática, paz e iniciativas de defensa de los derechos humanos y derecho internacional humanitario; Situación regional y local; Fortalecimiento organizativo.

Por su parte Alberto Vanegas, secretario de derechos humanos del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores dijo que exhortará a todos los delegados al encuentro del CPDH para jalonar grandes movilizaciones en el país y la denuncia permanente en lo nacional e internacional para sensibilizar que se sigue presentando un oleada de victimización de lideres sindicales, opositores, estudiantes, indígenas, campesinos y todos los luchadores sociales.

“Vamos a exigir respeto por la vida y las garantías al gobierno del señor Juan Manuel Santos, por ello preparamos una gran movilización sindical y popular para el próximo 7 de octubre” enfatizó.

En la Foto: Diego Martinez, CPDH.

Para contactos e información sobre el evento: teléfonos – 3102120966- 3114778351—

Correo Electrónico: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

A una mujer conocida y reconocida como luchadora y defensora de derechos humanos se le niega la posibilidad de acceder a los beneficios mínimos que otorga la ley.

De manera constante, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - Nariño, recibe informes sobre cómo se encuentra el proceso de Liliany Obando Villota, reconocida activista del movimiento social de los derechos humanos, oriunda de este departamento.

Los noticieros de televisión la han exhibido y señalado “como un peligro para la sociedad” por cuanto, a criterio de los funcionarios judiciales que investigan y juzgan su caso, Liliany “era la encargada del manejo de los dineros provenientes de acciones terroristas” y porque su nombre, supuestamente, “figura” en los computadores del guerrillero abatido “Raúl Reyes”.

Esos pretextos han servido para que esté encarcelada desde hace más 24 meses, desconociéndosele beneficios que la ley penal contempla como la detención domiciliaria para una madre que tiene bajo su responsabilidad el cuidado y la custodia de dos hijos menores en que la ausencia de su padre es absoluta.

Los entes, tanto acusador como juzgador, sistemáticamente le han negado tal beneficio, con el argumento de que los menores se encuentran bajo el cuidado de la abuela. Desconocen los funcionarios judiciales que no existen exigencias más allá de la ley, debido a que ésta contempla el derecho a acceder a la detención domiciliaria y que establece como requisito ser madre cabeza de familia y que sus hijos dependan de ella económicamente, tal como sucede en el caso de Liliany Obando Villota.

Desconocen los referidos funcionarios que los derechos de los menores prevalecen sobre cualquier otro derecho y que, con sus determinaciones, no pueden dejar a los niños en situación de desprotección al negarles la posibilidad de estar junto a su madre, lo que los lleva a la falta del afecto materno, fundamental para los pequeños en la temprana etapa de la vida en que se encuentran.

Lo descrito es un nuevo caso de injusticia. A una mujer conocida y reconocida como luchadora y defensora de derechos humanos se le niega la posibilidad de acceder a los beneficios mínimos que otorga la ley, mientras que a delincuentes involucrados en masacres de pueblos enteros se los absuelve o se les otorga todo tipo de beneficios como ha ocurrido con varios de los paramilitares más temidos.

Todavía más, el delito de administración y manejo de recursos provenientes de acciones terroristas fue desvirtuado de manera irrefutable con prueba documental y testimonial. Y qué decir de las declaraciones del testigo clave de la acusación que, ante un tribunal judicial, reconoció y afirmó haber manipulado las pruebas encontradas en el computador de “Reyes”. ¿Entonces cuál será la decisión última del juez que conoce el caso?

El Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos - Nariño demanda de los funcionarios judiciales la interpretación imparcial de todas las pruebas aportadas al proceso y la aplicación vertical de todos los beneficios legales para que se otorgue la inmediata libertad a la defensora de derechos humanos Liliany Obando Villota, quien permanece de manera injusta más de dos años en la Cárcel El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá.

San Juan de Pasto, 23 de agosto de 2010

Agosto 23 de 2010 Por Nelson Lombana Silva      Mientras descansaban plácidamente ocho miembros de una familia, cuatro menores de edad, uno de cuatro meses, uno de diez años, otro de catorce años, otra de 17 años, en la finca La Gorgona, vereda La Hacienda, corregimiento de Gaitania, Municipio de Planadas, Tolima, fueron despertados violentamente hacia las 3:30 de la mañana, el sábado 20 de agosto, al caer tres bombas, a escasos 40 metros de distancia, según señalan los campesinos que llegaron al sitio de los acontecimientos una vez se conoció la información en las veredas cercanas. En el hecho fue herida la propietaria de la pequeña parcela, la señora Rosa Ordóñez Páez de aproximadamente 54 años de edad, al ser alcanzada por una esquirla de una de las bombas arrojadas, dijeron los campesinos de las veredas La Unión y San Miguel que acudieron a solidarizarse con la comunidad de la vereda La Hacienda, más concretamente con la presidenta de ésta, la señora Luz Dary Pedreros.

“Al escuchar el primer estruendo solo atiné a coger la niña de cuatro meses y salir corriendo, corría y corría en la oscuridad, al escuchar el estruendo y relampagueo de dos explosiones más tan cerca de la casa, imaginé que habían acabado con mi familia. Eso fue lo primero que informé”, relata Albeiro, una de las víctimas, según Rodemir Osorno Durán, que estuvo en el sitio con 25 campesinos más de San Miguel y La Unión en las primeras horas del sábado.

“Cerca de la casa queda un montecillo, el cual quedó totalmente destruido, árboles de varias abarcaduras quedaron destrozados”, señala el labriego Rodemir. Los campesinos dieron aviso a organismos defensores de derechos humanos. Mientras esto sucedía en otra área del sector los militares combatían con miembros de la insurgencia armada presentándose como saldo un soldado dado de baja, un perro rastreador y dos soldados más heridos, indicaron también los campesinos y lo corroboró el gobernador uribista, Oscar Barreto Quiroga.  

Ante el dramático llamado de auxilio de las comunidades, el alcalde de Planadas, Wilber Jairo Vallejo y el coronel Cantillo, se vieron precisados a llegar a la zona, donde la comunidad denunció la gravedad de los hechos y la presidenta Luz Dary Pedreros exigió respeto por la población civil. Mostró los orificios sobre el techo de la casa de la señora Rosa Ordóñez Páez, las repercusiones de las ondas explosivas en el sistema nervioso de sus familiares, especialmente en los menores de edad y el miedo generalizado en las comunidades de la distante zona del municipio de Planadas, Tolima, donde el Estado solo hace presencia a través de bombas, ametrallamientos y militarización en el marco del plan de "consolidación".

El mismo gobernador reconoce la afectación de la vivienda, aunque trata de minimizarla al máximo. En declaraciones a los medios regionales de comunicación señaló: “La operación se produjo en el sector extremo sur de Planadas, ya muy cerca de Marquetalia, el resultado fue un soldado que murió, un soldado herido, unos daños muy menores, muy menores a unas viviendas, que el señor alcalde de Planadas ya las va a corregir esta semana, él mismo estuvo ayer allá (sábado 20 de agosto) haciendo una reunión con la comunidad. Totalmente falso de que eran muertes de civiles, eso fue una estrategia de la guerrilla que comenzó a mandar informes por vía Internet a todos los medios de comunicaciones del país y armó todo un escándalo para tratar de buscar que la fuerza pública le bajara la guardia a las operaciones”.

Por su parte, el mandatario local afirmó que la señora mayor de edad había resultado herida en la cabeza producto de un golpe al salir corriendo, lo cual no es cierto, según los campesinos que acudieron y que pudieron constatar que esta herida fue el resultado de una esquirla que entró por el techo de su modesta vivienda dañando el zinc.  

“Todos los días se escuchan combates en la región”, dijeron los campesinos. “No es nada nuevo”, agregaron con aire de frustración, en medio de la pobreza y el abandono del Estado. “Toda una generación crece en medio de un conflicto larvado que el gobierno nacional niega, impidiendo un diálogo que permita una salida política como lo añora los campesinos, una salida política con créditos blandos, oportunidades para hacer producir la tierra y los campesinos moverse sin miedo por la bella región”, señala el veterano dirigente popular, Gustavo Osorno.

Gaitania, agosto 23 de 2010

Agosto 23 de 2010 De acuerdo a denuncia suministrada por el Comité Seccional de Derechos Humanos del Alto Guayabero, nos permitimos poner en conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente: HECHOS

1. La presunta detención, desaparición y ejecución extrajudicial de la señora NORMA IRENE PEREZ identificada con C.C 40. 206.080, de quien no se volvió a tener conocimiento desde el día 7 de agosto de 2010 entre 7:00 a.m y 8:00 a.m, cuando se dirigía hacia su casa después de salir de una asamblea con la Junta de acción Comunal de dicha localidad, posteriormente su cuerpo fue encontrado en extrañas circunstancias el día 13 de agosto de 2010 en jurisdicción de la vereda la Unión, del municipio de la Macarena del departamento del Meta.

2. Se informa por parte del Comité Seccional De Derechos Humanos del Alto Guayabero que en la zona antes y después de la audiencia del 22 de julio de 2010, la región se encuentra fuertemente militarizada por tropas del Ejército Nacional que operan en dicho territorio, especialmente en los municipios de la Macarena, San José del Guaviare y San Vicente del Caguán. También la información de la comunidad a firma que “el ejército se encuentra en la Vereda el OASIS, sitio cercano en donde ocurrieron los hechos”.

3. NORMA IRENE PEREZ, fue presidenta del Comité Veredal de derechos humanos de la vereda la unión y a su vez hacia parte de la junta de acción comunal con el comité de conciliación y miembro del Comité Regional de Derechos Humanos de la Región del Guayabero del Departamento del Meta. También participó en el comité organizador de la Marcha Patriótica llevada a cabo los días 19, 20 y 21 de julio de 2010 y de la Audiencia Pública realizada el día 22 de julio del mismo año en el municipio de la Macarena.

4. La señora NORMA IRENE PEREZ, era campesina, agricultora, defensora de derechos humanos y madre de cuatro (4) menores, entre ellos una niña de 14 años de edad, un niño de nueve (9) años de edad, una niña de seis (6) años de edad y una niña de cuatro (4) años de edad.

ANTECEDENTES

1. El Día 19, 20 y 21 de julio de 2010, se realizó en el país la Marcha Patriótica, con una importante participación ciudadana, la respuesta del Estado Colombiano fue la estigmatización, persecución y el bloqueo de los marchantes en varios lugares del país.

2. El día 22 de julio de 2010 en el municipio de la Macarena del Departamento del Meta se llevó a cabo gracias a proposición aprobada por el Congreso de la República en cabeza de la Senadora Gloria Inés Ramírez, la Audiencia pública titulada “La Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales de Colombia”. En dicha se pudo evidenciar la existencia de un cementerio de NN, así como también denuncias por parte de la comunidad de que en ese sitio se encontraría personas ejecutadas extrajudicialmente por parte de la fuerza pública.

3. El 25 de de julio de 2010 en visita del Presidente ÁlvaroUribe, a la zona de la macarena mencionó que: "el terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos".[1]

Situación que puso en grave riesgo a las organizaciones convocantes, organizaciones cívicas, y en general a todos los asistentes a la audiencia, en especial a la población campesina que asistió a realizar las denuncias.

4. El tres (3) de agosto de 2010, las organizaciones que respaldarón la audiencia declararon su rechazo pues dichas palabras del presidente Uribe y de la Cúpula Militar en la región de la Macarena pone en peligro la vida de los organizadores “Estamos indignados y ofendidos por tales comentarios. Además, estamos gravemente preocupados porque estas alegaciones evidentemente ponen en peligro las vidas de las víctimas, los defensores de derechos humanos y los políticos de la oposición que participaron en la audiencia. En vez de atacar a las víctimas y a los que intentan sacar a la luz las violaciones de derechos humanos, el Presidente Uribe debería estar apoyando sus esfuerzos y trabajando con ellos para asegurar que los soldados responsables sean llevados ante la justicia”[2]

5. Siendo aproximadamente las 4:00 p.m. del día 16 de marzo de 2010, fue asesinado el presidente del Comité de Derechos Humanos de la verda La Catalina, La Macarena Meta, JHONNY HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No 17.625.833 de Villavicencio (meta), Hurtado tenía de 59 años de edad. Según los testigos «la víctima se encontraban desarrollando labores agrícolas en su parcela distante a 1 hora -a pie- del centro poblado de Puerto Catalina, cuando escuchó un disparo de arma de fuego, Jonny alcanzó a andar unos 30 metros cayo y luego murió. La Comisión de Derechos Humanos y D.I.H. del Bajo Ariari precisó:» Existe preocupación en toda la región del río Guayabero, porque la zona esta militarizada y según lo denunciado por esta Comisión; unidades militares han esbozado sindicaciones y amenazas contra líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos, la presión indebida de unidades militares de la Brigada Móvil No 7 adscritas a la Fuerza de Tarea Omega y de otras unidades es constante, entre otras violaciones, es reiterada: la ocupación de los centros poblados, retenes, empadronamiento, sindicaciones, amenazas etc. preocupan a la comunidad en general. Todo esto sumado a el horrendo crimen de que fue objeto nuestro compañero JHONNY HURTADO llena de dolor y mucha preocupación al colectivo de Defensores de Derechos Humanos, de DH Bajo Ariari".

SOLICITUDES

1. Se investigue penal y disciplinariamente los hechos que dan con la presunta detención, desaparición y presunta ejecución extrajudicial de la señora NORMA IRENE PEREZ dirigente campesina de la región de la Macarena.

2. Se garantice el derecho a la justicia respecto a los hechos que dan con el asesinato de la dirigente NORMA IRENE PEREZ y demás dirigentes de la región ejecutados extrajudicialmente.

3. Se garantice el derecho a la vida a los miembros de las organizaciones cívicas y campesinas que participaron en la pasada audiencia del 22 de julio de 2010 y en la marcha patriótica del día 19, 20 y 21 de julio de 2010.

Villavicencio, 21 de agosto de 2010.

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. (CPDH)

[1] El tiempo, encontrada en : http://www.eltiempo.com/colombia/

[2] En: www.comitepermanente.org (http://www.comitepermanente.org/

Hoy comparto ante Ud(s), no una buena noticia, comparto un mensaje que para muchos Colombianos es del cotidiano vivir, si desafortunadamente nuestra adolorida patria adolece de el calor humano, de la solidaridad efectiva y eficaz que logre que el cometido de los violentos cumpla sus intensiones y propósitos, son centenares las amenazas, los asesinatos, la violación de los DDHH, las desapariciones forzadas a que nos vemos abocados hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos en esta fratricida guerra que imparable toca la puerta de ciudadanos de las diferentes condiciones económicas fruto del desvergonzado conflicto que por más de medio siglo llevamos a cuestas los colombianos, esa violencia que no ha detenido la capacidad del Estado con su Seguridad Democrática, esa política que en los ocho años de los mandatos de Uribe Vélez trajo tragedia, desolación y amargura a la mayoría del pueblo Colombiano, a los miles de militantes de la izquierda, a
los demócratas y sobretodo a los defensores de Derechos Humanos, a quienes nos atrevemos a no compartir los desafueros de gobernantes corruptos, reaccionarios, pero sobretodo quienes desde Ralito, la Picota y el Palacio de Nariño auparon una política de sangre y fuego, de hambre y miseria para mantenerse en el poder, aquellos que no se han detenido ante nada y ante nadie y para lograrlo pusieron al servicio del crimen y la ilegalidad el DAS, como hoy se demuestra hasta la saciedad en cada una de las confesiones que públicamente se conocen, esos mismos que bajo las sombras de la noche y con la impunidad siguen propagando fechorías y malestar social, por ello han colocado en primera línea el accionar militar, colocando a su disposición el mayor gasto en ese rubro que haya conocido nuestra historia,somos a nivel mundial el país más peligroso para el accionar sindical, uno de los países con el mayor número de desplazados, en esas     
condiciones
se desarrolla nuestra democracia, en ese marco teniendo como telón de fondo las fosas que hoy entregan a la opinión pública mundial y que el anterior gobierno trata de tapar los cerca de 2.000 Colombianos que yacen en el vientre de ese territorio como consecuencia de falsos positivos,si allí como se le demostró a la comunidad internacional que muchos de ellos eran gentes de bien, que murieron para poder demostrar los     éxitos militares del gobierno, asegurando a ellos asensos y honorres, mientras que a los humildes campesinos dolor, tragedia y miseria, en este tenebroso panorama, me llega una llamada amenazante de una voz recia pero nerviosa, "LUCILIO TE VAS A MORIR HIJUEPUTA" ayer sábado 21 de agosto cerca de las 8 de la noche, una vez más soy amenazado y lo digo con rabia, no con miedo, lo digo con ira, pues en mi vida política he enterrado a muchos amigos, compañeros de la martirizada UNIÓN PATRIÓTICA, de la que soy sobreviviente,
pero
nunca desistiré como determinamos en un evento nacional donde nos reunimos los SOBREVIVIENTES de ese holocausto programado por los más trogloditas derechistas de este país, sigo por lo tanto diciendo SI A LA VIDA, NO A LA MUERTE, NO A LA BARBARIE, SI A LA COLOMBIA INCLUYENTE Y JUSTICIERA,en homenaje a todos los caídos.

Lucilio Antonio Muñoz
Sobreviviente de la UNIÓN PATRIÓTICA

por SINALTRAINAL - SECCIONAL BOGOTA / El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado expresa su profunda preocupación por la integridad física de Alfonso Castillo, presidente de la organización nacional Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), integrante del Partido Comunista Colombiana e integrante del Comité de Impulso del MOVICE, Rigoberto Jiménez, director de la Coordinación Nacional de Desplazados (CND), organización integrante del MOVICE e Iván Cepeda Castro, integrante del MOVICE y representante a la Cámara.

INMINENTE SITUACIÓN DE RIESGO: AMENAZA DE LAS AGUILAS NEGRAS A INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO (MOVICE).

Sábado, 14 de agosto de 2010

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado expresa su profunda preocupación por la integridad física de Alfonso Castillo, presidente de la organización nacional Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), integrante del Partido Comunista Colombiana e integrante del Comité de Impulso del MOVICE, Rigoberto Jiménez, director de la Coordinación Nacional de Desplazados (CND), organización integrante del MOVICE e Iván Cepeda Castro, integrante del MOVICE y representante a la Cámara.

Hechos

El jueves 12 de agosto se conoció una amenaza por correo electrónico que es firmada por “El Bloque Capital” de las Águilas Negras y en la que se sentencia a muerte a Rigoberto Jiménez, Alfonso Castillo, Iván Cepeda y los que están coordinando “la campaña nacional de exigibilidad de los derechos de la población desplazada”. A Alfonso Castillo y Rigoberto Jiménez, se les concede un plazo de 20 horas para abandonar la ciudad de Bogotá.

Esta amenaza se presenta en vísperas del debate sobre tierras y desplazamiento, que se realizará el 18 de agosto de 2010 en el Congreso de la República y que ha sido convocado por los representantes a la cámara Wilson Arias, Iván Cepeda Castro y Guillermo Rivera.

En la amenaza se menciona también a las “coordinadoras de las mujeres”, que puede hacer referencia a varios espacios sociales de mujeres que se están articulando al debate.

Solicitudes

1. Al Ministerio del Interior y Justicia adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la vida e integridad física de Alfonso Castillo, Rigoberto Jiménez e Iván Cepeda Castro

2. Garantizar el pleno desarrollo con todas las garantías para los convocantes e participantes del debate sobre tierras y desplazamiento forzado, que se va a realizar en el Congreso de la República el miércoles 18 de agosto de 2010.

3. Al Fiscal General de la Nación investigar los hechos arriba mencionados.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Bogotá, 13 de agosto de 2010

Por: Néstor Brugés Medina* /Que una silla en la Junta de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana del Departamento sea ocupada por el Alcalde Distrital de Barranquilla o por quien él delegue, evidentemente no resolverá el problema de inseguridad que vive la Puerta de Oro de Colombia. Y no lo hará, primero porque con ello no se garantiza una reorientación de la inversión departamental para comprar más motos, carros y gasolina para la Policía Metropolitana. Y segundo, porque aunque así lo fuera, no están en estas acciones las claves para resolver una crisis de violencia ciudadana como la que tiene Barranquilla, atravesada por complejos fenómenos como la presencia de bandas emergentes que luchan por el control del narcotráfico; así como una grave crisis social que tiene al suroriente y suroccidente de la ciudad, convertidos en una verdadera bomba de tiempo.

Sobre la primera fuente de esta violencia, a pesar de los ambages, es preciso felicitar a la Policía Metropolitana y demás órganos de las fuerza pública por la labor que en materia de inteligencia y cerco estratégico vienen haciendo contra las bandas emergentes en esta zona del país, a pesar de las purgas aplazadas en su interior, tan necesarias para extirpar los lazos sobrevivientes entre agentes del orden público y las mafias. Sobre esto, todavía hay mucho por hacer, aunque no pueda asegurar con vehemencia cosas concretas; sucede como con las brujas: uno no las conoce ni cree en ellas, pero de que las hay, las hay!

Y si a la Policía debe felicitársele, al gobierno distrital no es eso precisamente lo que le corresponde por cuenta de la crisis social a la que antes hacía referencia. Fenómenos como el pandillismo y la drogadicción, con sus consecuentes redes de micro tráfico y delincuencia, lejos están de ser resueltos con más motos, carros y pistolas. Ese es el caldo de cultivo de la inmensa violencia de los sures de la ciudad. De ese Sur que trabaja y lucha, que sueña y camina, de ese Sur barranquillero, hermoso y digno, preso de la más intensa pobreza e indigencia, que no se resuelve, Señor Alcalde, ni con balas ni con pavimento.

Debería el Ingeniero Char, dedicar menos horas a caminar el cemento fresco y destinar ese tiempo a dialogar con los jóvenes del Cagúan, por ejemplo, o de Rincón Guapo, de Villanueva, de Loma Roja, etc. Y preguntarles por qué no están estudiando, por qué no trabajan, a qué dedican su tiempo libre, sin son padres, cuántos hijos tienen, si saben cómo se previene el VIH, qué métodos productivos utilizan para canalizar su inagotable energía. En vez de dedicarse a tirar dardos, más políticos que serios, contra los funcionarios – candidatos de la gobernación (muy mala cosa, por cierto) y seguir dándole motivos a la Procuraduría para que lo destituyan, debería centrar sus energías en revivir lo que desde el inicio de su mandato se encargó de matar: la Política Pública de Juventud de Barranquilla.

Que no vayan a decirme ahora que él inauguró la Casa de Juventud de Ciudad Modesto (por Dios, cuál casa, cuál inauguración!), no me digan que la de Santuario está viento en popa (re – por Dios!), que se toma fotos y todo con el CDJ, que ha mejorado aulas y echado mucho, pero mucho cemento! No, ese no es el hilo conductor de una seria política pública de juventud. Reorientar el camino en materia de seguridad y en materia de atención a la juventud es la única salida a la crisis de violencia que azota a nuestra urbe. El norte de la nueva política pública integrada de seguridad y empoderamiento social, debe tener como horizonte la creación de oportunidades y posibilidades a los y las jóvenes de Barranquilla.

Darle oportunidades y posibilidades a la población joven de Barranquilla, significa centrar el trabajo gubernamental en la dignidad de la persona humana, en su humanidad, en su ser. Se trata de la posibilidad de juntarlos no para delinquir, si no para trabajar; se trata de darle impulso y respaldo a sus expresiones artísticas y organizativas; se trata de interlocutar con ellos, de darles participación y poder decisorio, se trata de empoderarlos; se trata (como dice mi amigo Samuel) de sacarlos del triste y exclusivo papel protagónico en los titulares de crónica judicial. Para eso, el Alcalde más popular del mundo, más popular que el mismísimo Dios, sólo le falta algo: Cambiar un rumbo de gobierno centrado en el pavimento para orientarlo a la gente!

Yo no creo que el Alcalde Char me vaya prestar cinco pesos de atención, menos cuando se entere de que quien esto escribe es un joven!

* Economista, Especialista en Finanzas. Docente Universitario y Presidente del PDA en el Atlántico.

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Néstor Brugés Medina

Por: Alejandro Burgos, Banco de Datos - Cinep

443 cuerpos reconoce la Fiscalía General de la Nación sepultados como personas no identificadas o NNs en el cementerio clandestino de la Macarena, municipio del Meta, si se les puede llamar sepultados a cientos de personas que han sido ejecutadas, y muchas vestidas de guerrilleros dados de baja en combate y luego lanzadas desde un helicóptero a un hueco árido y frío. La procuraduría en cambio habla de más de 2000 cuerpos sin identificar; sea 1 persona, o 443 personas o 2000 personas, han sido tiradas por el ejército a un hueco como lo más despreciable de la tierra, desconociendo su derecho a la vida a su integridad personal a su último aliento y a su digno deceso y posterior entierro de una forma cristiana y reconocida por los mortales que aún contamos con la suerte de seguir vivos.

Están en una fosa común, que se dice ser la más grande de latinoamérica, unos encima de los otros, unos pegados a los otros, quizá compartiendo bajo tierra un mismo sufrimiento, un mismo dolor y un mismo pecado, que es el de ser mostrados como resultados positivos para las fuerzas militares de Colombia, dejaron de ser personas con sueños y esperanzas, dejaron de ser un un proyecto digno de vida para pasar a ser un proyectil indigno que acabo con otra vida, dejaron de ser padres, madres, hermanas, hermanos, hijos, hijas, vecinos, compadres, comadres, amigos, compañeros y soñadores, para pasar a ser una cifra que llene las estadísticas de los libros de los héroes de la patria, para pasar a ser una cruz con un rectángulo en la parte de arriba que dice que número de muerto es y en que año fue asesinado, números separados por un guión que conduelen a miles de familiares de víctimas y a unos pocos colombianos, que no pueden ver más que muchos palos estadísticos. Son 2000 o más los cuerpos que están detrás de una base militar del ejército nacional, son decenas de palos estadísticos custodiados por la policía nacional.

Ejército y Policía cuidándose los unos a los otros, el lobo cuidando a la hiena y el ratón al queso, “preservando la democracia maestro” y consolidando la seguridad democrática que ahora es la prosperidad democrática.

Los delegados a los Comités de derechos Humanos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta Seguridad de Valledupar -Cesar-, de manera conjunta y como consecuencia de la falta de garantías para el ejercicio de su labor en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, han presentado su RENUNCIA IRREVOCABLE.

Esta situación es altamente preocupante, atendiendo las sistemáticas denuncias por graves violaciones a los derechos humanos que se vienen presentando en el centro de reclusión de alta seguridad de Valledupar.

Como hemos informado reiteradamente los comités de Derechos Humanos fueron instituidos al interior de los centros de reclusión como un instrumento valioso para la promoción y protección de los derechos humanos. Estos comités que inicialmente fueron creados bajo la dirección de la Defensoría del Pueblo, actualmente son dirigidos por las autoridades penitenciarias y carcelarias, perdiendo independencia y autonomía. Sin embargo, la falta de garantías para quienes ejercen el derecho de proteger y promover los derechos humanos en los establecimientos penitenciarios y carcelarios constituye el factor principal que impide la eficacia de estos espacios de participación.

Adicionalmente el Gobierno Nacional se ha negado a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura bajo el argumento de que los mecanismos internos de protección son más eficientes y cuentan con la participación activa de las personas privadas de libertad, a través de los Comités de Derechos Humanos. Esta afirmación queda desvirtuada con las continuas denuncias que los representantes de dichos Comités elevan en el sentido de que no existen garantías suficientes para el ejercicio real e independiente de su labor. Situación que se evidencia una vez más ante la renuncia colectiva de los miembros del Comité de Derechos Humanos del establecimiento de alta seguridad de Valledupar. Cabe recordar que nuestra Fundación el pasado 25 de marzo denunció presuntas torturas físicas por parte de miembros del cuerpo de custodia y vigilancia contra el representante de la torre 7 de este establecimiento Darlington Urieles Maldonado.

Exigimos al Estado Colombiano:

Firmar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura , como mecanismo eficaz de prevención de este delito en los centros de reclusión del país.

1. Tomar las medidas necesarias y urgentes para garantizar la labor de defensa de los derechos humanos de los representantes de la población reclusa en el establecimiento penitenciario y carcelario de alta seguridad de Valledupar.

2.Así mismo, solicitamos a todas las organizaciones sociales, defensoras de los Derechos Humanos, y del movimiento popular, nacionales e internacionales a rechazar estos hechos y enviar comunicaciones expresando su rechazo a las siguientes direcciones:

Dr. Juan Manuel Santos, Presidencia de la República Cra. 8 No.7-26, Palacio de Nariño Bogotá, D.C., Colombia. Fax: (+57 1) 566.20.71

Dr. Germán Vargas LLeras, Ministerio del Interior y de Justicia Carrera 9a. No. 14-10, Bogotá, D.C., Colombia. PBX (+57) 444 31 00

Dr. Alejandro Ordóñez, Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 Bogotá, D.C. Colombia. Fax: (+57 1)342.97.23 E-mail:

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Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101. Edificio Teleport Bussines Park. Bogotá, D.C. Teléfono PBX (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS.

AGOSTO 11 DEL 2010

Prensa PCC/ Con el descubrimiento e identificación de 140 fosas comunes en el Departamento del Cesar, en la región Caribe colombiana, continúa el macabro hallazgo de cementerios clandestinos donde los paramilitares y miembros de las fuerzas militares enterraban a sus víctimas en aplicación de la política de “seguridad democrática” del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Según el informe divulgado en www.elpaisvallenato.com la ‘verdad’ de la historia de horror que vivió en el Cesar, sigue sin conocerse a pesar del avance del proceso de la Ley de Justicia y Paz. El tema vuelve a estar en la mesa, durante ‘la semana por la verdad, que se desarrolla en la ciudad hasta el 13 de agosto.

Dentro de esa ‘verdad’ se logró identificar en el Cesar 140 fosas comunes, a través de las audiencias de los ex paramilitares, sin embargo, se desconoce el número real de víctimas. “Algunas personas que estaban como desaparecidas, fueron ubicadas en esas fosas”, dijo Antonio Calvo, director regional de la CNRR, quien sostuvo que esto refleja la magnitud de la violencia en la región.

Sin embargo, para el mismo funcionario, la reparación sigue siendo un proceso lento y que poco se avanzado en el Cesar. Mientras en el país se conoce una sentencia, aquí aún no hay ninguna a pesar de que 20 mil personas han denunciado delitos.

Se estima que en el departamento hay cerca de 140 mil víctimas, sin contar con algunas de las familias desplazadas que aún no hacen parte del proceso, porque en su mayoría no se sienten víctimas. “La gente desconoce sus derechos y solo creen que la condición de desplazados les sirve para recibir una ayudad de Acción Social”, sostuvo Calvo.

Otra de las revelaciones hechas durante la rueda de prensa, donde participó además Rosangela Pimienta, asesora de paz del departamento y Gabriel Turriago, coordinador Territorial del PNUD en el Cesar, es que las víctimas en su mayoría son mujeres, por lo que esta actividad en parte es un homenaje a quienes tienen el mayor peso de la violencia.

“Con este evento lo que se busca es tomarle el pulso al proceso de Justicia y Paz en el Cesar, porque se conoce como avanza en otras regiones, pero no este, por lo que el espacio servirá para conocer más verdad del horror que pasó esta región”, dijo Gabriel Turriago.

La semana inició con cines bajo las estrellas, que consiste en llevar cine a los barrios en su mayoría películas con referencia a temas de mujeres, seguido de conversatorios, foros, talleres y concierto musical.

Madrid.- 7 (ANSA) – Las asociaciones Catalana por la Paz y Justicia por Colombia analizan llevar a Bruselas el caso sobre la fosa común con 2 mil cadáveres sin identificar en el estado de La Macarena, sur de Colombia, a través de una audiencia en el Parlamento europeo, posibilidad que empezará a estudiarse en septiembre.

Así lo aseguró a ANSA el presidente de la Asociación Catalana para la Paz, Xavier Cutillas, quien aseguró que hay europarlamentarios comprometidos en participar en la difusión de la existencia de esa fosa en La Macarena, denunciada el pasado 22 de julio una audiencia pública, a lo cual el gobierno de Alvaro Uribe respondió que se trata de un cementerio legal.

En la audiencia estuvieron seis eurodiputados, tres miembros del Parlamento británico, dirigentes sindicales de Europa y Estados Unidos, el director de la Oficina de Promoción de Paz y Derechos Humanos del gobierno de Cataluña, Xavier Badia, y el vicepresidente de la asociación catalana, Ceferino Alonso.

Según Cutillas, se estudia la posibilidad de llevar el tema a Bruselas para septiembre próximo, cuando "nos encontraremos con Justicia por Colombia para definir las estrategias conjuntas".

Dos de los eurodiputados que participaron en la audiencia, explicó Cutillas, se comprometieron "a participar en la difusión de las investigaciones sobre la fosa" en La Macarena, localidad del departamento de la Meta, con cadáveres enterrados como NN en un predio lindante a una base militar.

También se mostraron dispuestos a colaborar en un "seguimiento político de la situación", por lo que, precisó a ANSA el activista, se planteará la posibilidad de convocar a una audiencia sobre ese tema en el Parlamento europeo, la cual tiene que ser solicitada por al menos 3 eurodiputados. Cutillas contó además que los abogados del Colectivo socio-jurídico Orlando Fals Borda de Bogotá ya estuvieron en abril pasado en una audiencia en el Parlamento europeo, por invitación de la ONG Justicia por Colombia.

En ese momento, el objetivo de la reunión fue el de denunciar la grave situación sobre los derechos humanos en Colombia ante la inminente firma de un acuerdo de libre comercio entre ese país y Europa, bloque que de todos modos decidió firmarlo el pasado 19 de mayo.

Al respecto, Amnistía Internacional pidió entonces a la Unión Europea un compromiso ante la "impunidad" que impera en ese país en, por ejemplo, los asesinatos de civiles a manos de militares.

Tras la denuncia en la audiencia de La Macarena, presidida por las senadoras de la oposición Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, el gobierno saliente de Alvaro Uribe negó que se tratase de una fosa común y dijo que era una extensión de un cementerio local donde hay, como en otros sitios, tumbas NN.

También Uribe llamó a los militantes de derechos humanos y legisladores de ser "voceros del terrorismo" que buscan "desacreditar a la Fuerza Pública".

Las declaraciones de Uribe el pasado 25 de julio justamente en La Macarena fueron rechazadas por los europarlamentarios, mientras Taula Catalana por la Paz y los derechos Humanos en Colombia envió una carta al canciller español, Miguel Angel Moratinos, en la que se le solicitaba una "declaración pública de apoyo" a la labor de los dos miembros españoles de la delegación internacional".

Esa institución aún no recibió respuesta por parte de Moratinos.

Un informe de la asociación catalana afirma que en 2009 organismos de derechos humanos pidieron a la Procuraduría General que investigara sobre un "cementerio clandestino", al lado de la base que alberga la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, con fondos de Estados Unidos en el marco del Plan Colombia, destinado a "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El 12 de febrero de 2010 la Procuraduría General de la Nación reveló la "existencia aproximada de 2.000 cadáveres sin identificar en la fosa común", pero hasta ahora "no se ha llevado a cabo ninguna investigación" sobre la identidad de esos cadáveres ni tampoco "el número exacto de cuerpos enterrados ni las circunstancias" por las que fueron "asesinados", dijo el reporte.

La denuncia de organismos de derechos humanos es que los cuerpos en las fosas clandestinas pueden ser producto de los "falsos positivos", o sea, civiles asesinados y luego presentados por militares como "guerrilleros en combate".

"El fenómeno de matar civiles, haciendo creer que son miembros de la guerrilla muertos en combate, con la finalidad por parte de los soldados de recibir retribuciones salariales, se ha convertido en una actuación muy común en Colombia", aseveró la asociación.

Según Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, los "falsos positivos constituyen en realidad un asesinato a sangre fría premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficios".

Esos crímenes están "amparados" por la resolución ministerial 029, del 17 de noviembre de 2005, de Camilo Ospina, que prevé ascensos, licencias y sumas de dinero a miembros del Ejército si detienen a un presunto guerrillero.

En ocho años de gobierno de Uribe, familiares de víctimas denunciaron 2..300 desapariciones ante la Fiscalía General.

La cifra de 2.000 cadáveres en la Macarena, municipio que integró la ex zona de despeje de las FARC, surge de datos de la Procuraduría y de las ONG, mientras para la Fiscalía General de la Nación hay 449, aunque acepta que pueden llegar a 600.

Para brindar información hasta ahora desconocida sobre La Macarena, fueron citados para el 24 de agosto al Parlamento los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Públicas del gobierno de Juan Manuel Santos, quien asumió hoy.

También fue invitado el fiscal general, para informar en qué punto están las investigaciones en ese terreno.

Por Capitulo MOVICE Atlántico / El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Capitulo Atlántico denuncia ante la comunidad nacional e internacional las graves amenazas, persecución y hostigamientos que se vienen realizando a la Fundación Infancia Feliz y a Marta Díaz.

Hechos

El 2 de Julio de 2010 en el Centro Comercial el Portal del Prado en la Ciudad de Barranquilla, seis funcionarios de la Fundación Infancia Feliz fueron perseguidos y asediados por cuatro hombres y una mujer. Uno de los individuos intento infructuosamente obligar a la directora de la Fundación tomar un taxi con el, luego asediaron a los funcionarios hasta que estos pudieron salir del lugar por medio del apoyo de un esquema de protección de una organización de Derechos Humanos presente en la ciudad.

El día 24 de Julio de 2010 Marta Díaz, presidente de la Asociación de Familiares Unidos por un Solo Dolor (AFUSODO), se percato de un documento en su buzón que contenía la siguiente amenaza que transcribimos textualmente:

Señora MARTA DÍAZ

Mire vieja hijueputa mire a ver lo que esta haciendo no se haga matar por una maricada ya la tengo ubicada y se de todo lo que hace y los sitios donde usted va y a la iglesia donde usted asiste vieja malparida ya tengo ubicado a su hermano ese que es un hp mira a como se esta portando lo del hijo suyo fue un accidente pero no la ponga difícil sabemos de todos sus movimiento y de los sitios que usted visitad y con lo que usted tiene esta bien mire vieja cuídese y desiste de esa vuelta y nadie saldrá mal librado usted tiene plata de eso asi o de no con mis amigos la matamos.

Comandante Urbano

Alias GRASA Y SALOMON

Frente Urbano AUC DE COLOMBIA

Así mismo el mismo día recibió en su correo electrónico la siguiente amenaza

¨No cantes victoria porque esto no se ha terminado aun. no queremos que sigan con esos viajes ,ya sabemos todos tus movimientos , que asistes a la iglesia los sabados que tienes un negocio en el centro sabemos con quien vives y la ubicación de tus familiares, asi que deja de joder con este cuento que vas a terminar en el cementerio como tu hijo, es la ultima advertencia”

Antecedentes

La Fundación Infancia Feliz forma parte del Capitulo Atlántico del MOVICE y es una organización no gubernamental defensora de derechos humanos que realiza acompañamiento psicosocial y representación jurídica en la región Caribe, en especial a la comunidad de la Finca la Alemania en San Onofre – Sucre, desde que se inicio esta labor en este departamento se agudizaron las persecuciones, amenazas y hostigamientos a esta organización.

Marta Díaz ha denunciado el asesinato de su hijo por integrantes del Ejercito Nacional desde 2008 y ha conformado con otras familiares AFUSODO, de la que es presidente y que forma parte del Capitulo Atlántico del MOVICE. Desde la conformación de AFUSODO, Marta Díaz y otros integrantes de la Asociación han sido víctima de amenazas y hostigamientos.

Peticiones

A la Fiscalía General de la Nación para que investigue y procure la captura, juzgamiento y sanción de los responsables de los hechos arriba mencionados.

Al Ministerio del interior y de Justicia, Vicepresidencia de la república solicitamos las garantías necesarias para que la víctimas en especial la Señora Marta Díaz y su núcleo familiar puedan acceder a la justicia, verdad y reparación; así mismo tomar las medidas necesaria que garanticen la vida e integridad física de los miembros de la Fundación Infancia Feliz, en especial de su directora Rosario Montoya.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Capitulo Atlántico

Acción Urgente:

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado expresa su profunda preocupación por la integridad física del secretario técnico del Capítulo Caquetá, Domingo Pérez Cuellar y advierte sobre un posible montaje judicial en su contra.

Domingo Emilio Pérez Cuellar es militante del Partido Comunista Colombiano, fue candidato a la alcaldía de San Vicente de Caguán en 2007 por el Polo Democrático Alternativo y en la actualidad es Presidente de la Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive y secretario técnico del Capítulo Regional del Caquetá del MOVICE.

Hechos

1. Desde el 13 de julio varias personas cercanas a Domingo le llamaron, preguntándole si era cierto que le habían capturado en la terminal de la ciudad de Bogotá ya que esa noticia corría por San Vicente del Caguán. El 16 de julio la organización de derechos humanos Humanidad Vigente presentó un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación, solicitando información respecto a cualquier tipo de investigación penal que se estuviera desarrollando en contra de Domingo Pérez. Hasta la fecha no se ha tenido respuesta a este derecho de petición.

2. Domingo ha estado participando en los últimos meses en la organización de las actividades conmemorativas en el marco del bicentenario en San Vicente del Caguán, entre las que se encontraba la “Marcha Patriótica”. En los días anteriores de la marcha el gobernador de Caquetá, el comandante de la Brigada XII y el comandante de la Policía Departamental declararon que la marcha estaba impulsada y/o infiltrada por la organización insurgente de las FARC-EP. La alcaldesa de Florencia (Caquetá) prohibió a través de un decreto la realización de la marcha el 21 de julio y desde la Gobernación del departamento, el 16 y 19 de julio se decretó la prohibición de la libre circulación en el departamento durante los días de la marcha.

3. En San Vicente de Caguán el Ejército Nacional presentó un panfleto que supuestamente habían encontrado a la guerrillera de las FARC-EP “Jessica”, dada de baja el 10 de junio de 2010, en la que las diferentes Juntas de Acción Comunal fueron llamadas a coordinar las actividades de la “Marcha Patriótica” con Domingo Pérez Cuellar. A raíz de esta situación, Domingo interpuso denuncia ante la fiscalía local de San Vicente del Caguán solicitando que se investigara el origen de ese panfleto y denuncia injuria indirecta en su contra.

Antecedentes

- En octubre de 2007, en plena campaña electoral, salió a nivel departamental un panfleto titulado “La maquinaria oculta de las FARC para la toma del poder”, firmado por la “Corporación Nación Libre”. En el panfleto se acusaba a Domingo Pérez, junto con otras personas de formar parte de la organización FARC-EP.

- En diciembre de 2008, el hermano de Domingo Pérez y fundador de la Corporación Caguán Vive, Joel Pérez Cárdenas, fue encontrado asesinado sobre la vía que de San Vicente conduce hacia Puerto Rico Caquetá. El hecho ocurrió en una zona de evidente control por parte de la Fuerza Pública.

- En enero de 2009, el Concejal de San Vicente del Caguán Ordubey Tejada sacó un comunicado a la opinión pública en el que infiere delicadas y falsas acusaciones en contra de Domingo Pérez como por ejemplo de que éste pertenece a la guerrilla.

- En mayo de 2009, durante la Primera Audiencia Ciudadana por la Verdad realizada en Florencia Caquetá, se denuncio públicamente la existencia de un informe de inteligencia militar en el cual se acusaba a Domingo Pérez, junto con otros integrantes del Capítulo Caquetá del MOVICE de formar parte de la red de apoyo del Frente Amazónico de las FARC.

- En noviembre de 2009 desconocidos empezaron a llamar y a enviar mensajes de texto de manera intimidante y amenazante a dos amigas de Domingo Pérez. Los desconocidos buscaban sembrar rencor contra Domingo, a quién trataban de insurgente, por supuesta infidelidad para que en venganza ellas accedieran a dar “información” sobre él.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Bogotá, 27 de julio de 2010

Julio 27 de 2010    El Movimiento de Víctimas en Colombia, asegura que se han producido más de 75 masacres a lo largo de más de una década con una cifra que asciende a unas 4 mil víctimas desde la llegada de los paramilitares a San Onofre, donde gran cantidad de víctimas fueron enterradas en fosas comúnes y gran cantidad de personas siguen despladas sin poder retornar a su sitio de origen por falta de garantías.

Los campesinos colombianos de la norteña zona de San Onofre, departamento Sucre, rompieron el silencio y decidieron expresar sus denuncias ante los medios de comunicación en relación a las masacres cometidas por los paramilitares desde su incursión en ese territorio hace más de 10 años.

El Movimiento de Víctimas en Colombia, registró más de 75 masacres con más de 4 mil víctimas desde que llegaran los insurgentes al poblado donde gran cantidad de los fallecidos están enterrados en fosas comúnes, mientras varias personas desplazadas no han logrado regresar a sus hogares porque el Estado no les ofrece garantías suficientes.

Varios pobladores rindieron sus testimonios sobre el asesinato y mutilación de algunos de sus compañeros y posterior entierro en fosas comúnes, así como del incendio de fincas a manos de los paramilitares para desaparecer toda evidencia de los campos de concentración y entrenamiento que empleaban en esa zona.

"Aquí los enterraban, hacían un hueco pequeño, picoteaban a las personas y las enterraban por pedazos", narró en exclusiva para teleSUR, Jairo Aranda, campesino de la zona.

"Aquí se sacaron unos y en el campamento de abajo se sacaron cuatro cuerpos, y suponemos que debe haber más por eso es mejor que se busquen los cuerpos desaparecidos", agregó el lugareño.

La corresponsal de teleSUR en Colombia, Angie Camacho, dio cuenta del testimonio de la personas en San Onofre, donde varios campesinos exhortaron a los otros a expresar lo que saben sobre los asesinatos de sus compañeros pese a que están amenazados de muerte.

Eder Torres, trabajador de la zona, dijo a las personas que "si se quedan callados los van a matar más fácil y les van a quitar la hacienda" y agregó que "esto sigue, vamos a decirle a la comunidad internacional realmente la crisis humanitaria que se vive en esta región".

En tanto, familiares de uno de los líderes del Movimiento de Víctimas en Colombia, quien se presume perdió la vida a causa de los paramilitares, denunciaron que en el pueblo persiste la presencia de esos grupos ilegales en ese territorio y suponen la existencia de complicidad por parte de la autoridades.

Diferentes familiares de líderes asesinados exigen al Gobierno colombiano que ordene una comisión para que investigue los hechos que desde hace más de una década vienen ocurriendo en ese lugar y que ha llenado de temor a las personas que callan ante la posibilidad de represalias por parte de los paramiliares.

Por otro lado, los activistas de Derechos Humanos (DD.HH.) colombianos rechazaron el lunes las denuncias del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, de ser voceros del terrorismo y exigen que sea investigada la fosa común más grande de Latinoamérica, hallada en la localidad de La Macarena (en el sureño departamento del Meta).

A ese respecto, la senadora colombiana Gloria Inés Ramírez, por el Polo Alternativo, aseguró que "al calificar de terroristas a las víctimas, a los defensores de Derechos Humanos y a los congresistas convocantes de la audiencia (el Gobierno) les estaría diciendo de forma clara y directa a las tropas oficiales bajo su mando que somos objetivo militar".

Asimismo, recordó que la Administración del jefe de Estado no ha manifestado condolencias hacia los familiares de los occisos y añadió la urgencia de iniciar las investigaciones necesarias para explicar los restos mortales hallados en La Macarena.

"No se escucha en el discurso presidencial una sola línea de condolencia para con las víctimas que denunciaron crímenes (...) consideramos de vital importancia que se integre una comisión internacional forense que vigile los procedimientos adelantados por las autoridades colombianas."

La senadora Ramíez dio a conocer que el grupo de defensores enviará una comunicación al Parlamento Europeo para expresar las denuncias en torno a la inmensa fosa común y exigir las investigaciones forenses.

Una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, certificó el pasado viernes tras una audiencia pública en la localidad de La Macarena (suroriente) Colombia, la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados.

El representante del Centro de Investigación y Educación Popular y Programa por la Paz  (Cinep-PPP) Colombia, Javier Giraldo, señaló que se entregaron 52 declaraciones por parte de familiares de las víctimas.

Los campesinos de La Macarena han sido víctimas de un conflicto armado que desde el año 2003 recrudeció con la llegada del Plan Colombia impulsado por Estados Unidos para ejercer una presunta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

teleSUR / dg - FC

Bogotá, Julio 26 2010.

Las Organizaciones, Personalidades, Parlamentarios Colombianos y delegados nternacionales nos permitimos expresar ante la opinión pública nacional e internacional nuestro más  profundo sentimiento de dolor e indignación por el desprecio y ofensa del representante del Estado colombiano, Doctor Álvaro Uribe Vélez el día de ayer (25 de julio) en La Macarena -Meta.

El Doctor Uribe Vélez dijo en la base militar de dicho municipio: “El terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de  violación de Derechos Humanos” Así mismo, envió un mensaje de aliento a las tropas en su lucha contra el terrorismo, y les dijo que cuentan con todas las condiciones para obtener la victoria final. Al calificar de “terroristas” a las víctimas,  a los defensores de derechos humanos y a los congresistas convocantes de la Audiencia, les estaría diciendo de forma clara y directa a las tropas oficiales bajo su mando, que somos objetivo militar.

No se escucha en el discurso presidencial  una sola línea de condolencia para con las víctimas que denunciaron crímenes; no se oye un solo llamado a la justicia, una sola promesa de investigación; todo lo contrario, se hace una exhortación  a continuar la guerra. Desde nuestro más profundo sentimiento de dolor e impotencia, queremos hacer las siguientes precisiones:

1. El desprestigio de las Fuerzas Armadas de Colombia es responsabilidad única y exclusivamente de quienes, con la investidura legal y la obligación  constitucional para garantizar la vida, honra y bienes de todos los colombianos, cometen crímenes atroces, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil indefensa. Es de quienes portando las armas de la República, se comportan como los delincuentes a quienes dicen combatir.
2. Nuestra labor está encaminada, únicamente a servir a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. A la  población civil indefensa que sufre las consecuencias de un conflicto armado que ya lleva más de 45 años sin solución y que,  contrario a lo que expresó el jefe del Estado Colombiano, está muy lejos de terminarse por la vía de la confrontación armada.
3. Nuestras denuncias buscan que las autoridades competentes (Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de La Nación) adelanten una investigación exhaustiva e imparcial y determinen lo  ocurrido en el cementerio de NNs de La Macarena y sancionen a los responsables de los crímenes que se hubieren cometido.
4. Consideramos de vital importancia que se integre una comisión internacional forense que vigile los procedimientos adelantados por las autoridades colombianas.
5. Nuestra labor de defensa de los derechos humanos es legalmente reconocida por las Naciones Unidas, La Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Constitución Nacional de Colombia.
6. Tanto las organizaciones ONG, parlamentarios y comunidad campesina que participó en la audiencia pública, siempre acató las decisiones de las autoridades civiles y militares -incluida la decisión del Alcalde municipal de La Macarena- de impedir el ingreso al cementerio público municipal para orar y hacer un acto simbólico en homenaje a las víctimas.

De otra parte, queremos invitar a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas de Colombia (Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía) y a las demás autoridades constitucionalmente reconocidas, a desarrollar su misión institucional en el marco de la Constitución y la ley, observando las normas del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos consagrados en la Carta Universal y en el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, por cuanto son sus carreras, sus vidas, sus familias las que a la larga terminan pagando las consecuencias de obedecer órdenes cargadas de odio y sed de venganza como las emitidas por el Doctor Uribe Vélez desde La Macarena el día domingo 25 de julio 2010.

Nosotros como colombianos y colombianas y como  Defensores y Defensoras de Derechos Humanos no descansaremos en nuestra búsqueda de justicia, de verdad y de reparación integral para las víctimas.

Por último debemos reconocer, que excepto algunos incidentes menores y señalamientos infundados, el comportamiento de la Fuerza Pública durante la realización de La Audiencia sobre la “Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales” el pasado viernes 22 de julio en la Macarena,  fue respetuosa.

Firman,

_____________________________________
GLORIA INÉS RAMÍREZ
Senadora de la República

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Padre. JAVIER GIRALDO
Vocero de las Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos

Escuchar rueda de prensa completa:
http://www.contagioradio.com/otra-mirada/uribe-afirma-que-denuncias-de-crimenes-en-la-macarena-son-ataque-a-las-ffmm

-Las Fuerzas Armadas presento proyecto en el Parlamento de Colombia, que ampara el terrorismo de estado, crimen, falsos positivos.

Luis Ernesto Almario,- Exclusiva . / RADIO CAFÉ STEREO / 22/07/2010 . Sydney, Australia .- Las nuevas cámaras altas,Senado de la República, baja, Cámara de Representantes, a “ punta de pistola y sables” fueron maniatadas por los militares.

Un proyecto de ley presentado por las Fuerzas Armadas,pretende legalizar el terrorismo,de estado el crimen y falsos positivos, cubriendo con un “manto “de impunidad al parlamento que inicio sus deliberaciones ayer.

La iniciativa que cuenta de antemano con legisladores de la coalición de de gobierno aglutinados en el Frente de Salvación Nacional, que formara el presidente Juan Manuel Santos que asume el poder el 7 de agosto venidero.

El proyecto de por si un mostró legislativo “blinda” la actuación al margen de la ley de las Fuerzas Armadas en el terrorismo de estado,actos de lesa humanidad ejecutados en el gobierno narco para de Álvaro Uribe Vélez.

Establece el pago con dineros del estado la asistencia jurídica de militares presos o investigados por los delitos de lesa humanidad,para lograr filtrar declaraciones aun de sus propios cómplices en aberrantes delitos.

Establece también pago de compensaciones en elevadas sumas a los militares” víctimas “ del manipuleo de los amigos de la subversión que “difaman” de los héroes servidores de la patria, los militares.

El proyecto fue elaborado por los Comandantes, generales de la Fuerzas Armadas ,los mismos que “pistola” en mano,demando de candidatos presidenciales apoyo a la Seguridad Democrática y militares.

El “ cerebro gris” de los falsos positivos,del bombardeo en Ecuador crímenes selectivos y masivos,Comandante de las Fuerzas Armadas, general Fredy Padilla de León, es el ideólogo del proyecto.

Álvaro Uribe Velez,Juan Manuel Santos, Fredy Padilla sindicados de responsables de terrorismo de estado, para militarismo, falsos positivos, “blindan “ su camino a la Corte Penal Internacional.

La querella hace su tramite y hay precedente de expresidentes, altos militares y funcionarios de gobierno criminales, que purgan condena por delitos de lesa humanidad .

La justicia en el marco del concierto internacional,”cojea” pero llega, consideran juristas aquí, abordados para opinar de tan espinoso tema, que se debate en Colombia.

Nuevamente atentaron contra directivos sindicales de SINTRAMIENERGETICA, organización sindical que agrupa a los trabajadores de la multinacional DRUMMOND en Colombia. Esteban Padilla, miembro directivo de SINTRAMIENERGETICA, Seccional Chiriguaná, es un reconocido líder social entre los obreros carboniferos.

Según el reporte sindical el día miercoles 14 de julio en la ciudad de Barranquilla, cuando transitaba en un carro de su propiedad fue victima de un atentado criminal el trabajador Estaban Padilla, miembro de la Junta Directiva de Sintramienergética empleado de la empresa Drummond Ltd en Colombia.

Los moviles del atentado se dieron cuando dos sicarios en moto dispararon contra el dirigente sindical dejándolo gravemente herido, de igual manera fue herido el escolta del D.A.S que lo acompañaba.

Esteban Padilla es un reconocido lider social y sindical y además se desempeña desde hace diez años como Mécanico de Mantenimiento de Camiones en la mina Pribbenow, ubicada en la población de La Loma de Calenturas, en el centro del Departamento del Cesar.

Dirigentes sindicales de Sintramienergetica, Seccional Chiriguaná se pronunciaron al respecto y anotaron que con indignación hemos recibido esta noticia, por cuanto los trabajadores de esta empresa multinacional han sido victimas desde siempre de estos atentados criminales.

En el año 2001 murieron 5 dirigentes por crímenes de lesa humanidad, situación que hasta hoy está impune con la tolerancia del estado y la indiferencia con que mira estos atentados; situación que conlleva a que los trabajadores en particular los dirigentes tengamos que vivir con nuestras familias en zozobra permanente, sin que el gobierno nacional cumpla con la protección que esta obligado a brindar a todo ciudadano, en particular a los dirigentes sindicales, ya que el numero de crímenes cada día se ha acrecentado ante la mirada cómplice del gobierno.

En su actividad como defensores y representantes de los obreros de DRUMMOND LTD, los dirigentes sindicales manifestaron cómo los paramilitares asesinaron al presidente y al vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (Sintraminenergética) el 12 de marzo de 2001. Valmoré Locarno Rodríguez y al Vicepresidente Víctor Hugo Orcasita Amaya quienes viajaban en el bus que lleva a los trabajadores de la mina de La Loma a sus casas en Valledupar. El vehículo fue interceptado por paramilitares que procedieron a asesinar en el lugar a Locarno y llevarse secuestrado a Orcasita, quien aparecería muerto horas después. El sucesor de Locarno en la presidencia del sindicato, Gustavo Soler, fue también asesinado siete meses mas tarde en septiembre de 2001.

“Se fue con tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida.”

Mi padre, Arcesio Lemus, de quien no llevo su sangre pero llevo su vida, falleció el pasado 29 de junio. A mi madre y a mi nos entregó lo mejor de si y nos acompañó en un proyecto de familia cargado de valores como la dignidad, la solidaridad, el amor por el trabajo pero sobre todo, el amor por la justicia y el servicio a los demas.

Nuestra casa en el Líbano Tolima siempre estaba llena de gente pensando en alternativas de país y en medio de la humildad y de su sencillez como buen campesino, mi padre me enseñó que la labor más importante que como padre podía cumplir en mi vida, era brindarme la oportunidad de estudiar.
Gracias a eso les he podido conocer a la mayoría de ustedes y he podido entregarles el ejemplo de vida que mi padre hizo en mi. Por su entrega absoluta a la causa social y popular de este país, mi padre, mi madre y yo, fuimos objeto de persecuciones políticas que cambiaron nuestras vidas.

Desde hace cinco años mi padre era preso político en las cárceles de este país. A sus 67 años seguía resistiendo con dignidad todos los atropellos del Estado, seguía con la esperanza del cambio y seguía convencido de la necesidad de la transformación social; aun en la cárcel seguía cumpliendo una labor social enseñando a otros presos a leer, invitándoles a estudiar, compartiendo su experiencia y su lectura política del país.

Ni las rejas, ni los abusos, ni las torturas pudieron quebrantar sus principios y por eso, era visto con respeto y con recelo por la institución carcelaria. Desde hace más de tres meses mi padre se encontraba enfermo; solicitó hasta el cansancio ser visto por un médico y el INPEC no lo permitió.

Desde el pasado 25 de mayo la situación de mi papá se tornó crítica; sus compañeros de cautiverio nos alertaron sobre su grave estado de salud. Desde entonces no dimos tregua a solicitudes, derechos de petición, denuncias ante organizaciones de derechos humanos para que mi padre fuera atendido sin obtener ningún resultado.

El día 7 de Junio mi padre fue trasladado a un centro de salud en estado de coma, cuando ya no había casi nada que hacer pues le encontraron una lesión cerebral que acabó con su vida el pasado 29 de junio.
Comparto con ustedes este relato a manera de denuncia y a manera de exhorcismo de esta pena que me entristece el alma.
Fraternalmente;
Martha Lisbeth

EL PROXIMO VIERNES, 16 DE JULIO, VAMOS A HACER UNA CEREMONIA DE DESPEDIDA PARA MI PADRE EN LA CALLE 17 No. 2 - 51 - 6:00 P.M. EXTIENDO LA INVITACION PARA QUIENES DESEEN Y PUEDAN ACOMPAÑARNOS.

COMUNICADO DE LA FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS - JUNIO 29 DE 2010

“La conocen los que la perdieron,
los que la vieron de cerca irse muy lejos,
y los que la volvieron a encontrar,
la conocen los presos…
LA LIBERTAD!
...Ahora sos libre, sos libre en el más allá...”
Con impotencia y total indignación la fundación comité de solidaridad con los presos políticos denuncia ante la comunidad nacional e internacional que el día de hoy 30 de junio de 2010, falleció el detenido político ARCESIO LEMUS.

HECHOS

El pasado 01 de junio de 2010, nuestra Fundación fue informada por los reclusos que compartían patio con el señor ARCESIO LEMUS, del grave estado de salud en que se encontraba, situación que de manera inmediata informamos al director general del INPEC, Mayor® Carlos Barragán Galindo, a la directora del establecimiento penitenciario y carcelario de alta seguridad Doña Juana de la Dorada Caldas , Doctora Gloria Patricia Rendón Castaño y al doctor Cesar Augusto Salazar personero del municipio de la Dorada /Caldas, con la finalidad de que se tomaran las medidas urgentes y eficaces para garantizar el derecho a la salud en conexidad con la vida del preso político ARCESIO LEMUS.

En dicha petición se alerto que el detenido político ARCESIO LEMUS, según nos habían informado los reclusos que compartían patio con él venia padeciendo de desmayos, vomito, perdida del conocimiento y control de esfínteres, síntomas que dada su avanzada edad (67 años) eran de alta preocupación.

Por los frecuentes llamados de su familia y los reclusos en los que infirmaban de la preocupación que les asistía, nuestra fundación tubo comunicación telefónica con la jefe del área de sanidad del establecimiento penitenciaria y carcelario de alta seguridad de Doña Juana/ la Dorada Caldas , quien nos comunico que el preso político ARCESIO LEMUS, había sido atendido el día 30 de mayo en las instalaciones de sanidad y nuevamente devuelto a su celda ese día en las horas de la noche, aludió dicha jefe que los problemas de salud del preso en mención se debían a un estado psicológico y que no era cierto lo que mencionaba la familia y los reclusos.

Posteriormente su situación de salud se agravo teniéndolo que trasladar de urgencias al Hospital Federico Lleras en la ciudad de Ibagué, donde entro en estado de inconciencia (coma) a causa de una hidrocefalia, falleciendo el día de hoy.

Para nuestra Fundación, es motivo de gran preocupación la situación que viven los reclusos en Colombia en razón a la falta de garantías de los derechos humanos, en especial el derecho a la salud, a la atención integral y especializada, en forma oportuna y urgente que de no ser atendidas oportunamente pueden generar graves secuelas en la salud e incluso un desenlaces fatales, como es el caso de ARCESIO LEMUS.
Por lo anterior, responsabilizamos a las por las Autoridades Penitenciarias, en cabeza del Ministerio del Interior, la Dirección General del INPEC y CAPRECOM por las posibles omisiones cometidas en el caso de salud del detenido político ARCESIO LEMUS.

Los trabajadores afiliados a más de 20 sindicatos denuncian atropellos por parte de sus empleadores, quienes no respetan sus derechos como trabajador, y violan sus derechos de libertad sindical y de asociación.

Los sindicatos afectados son los de SINTRADOMESA, ASOCOTRACOMFAMA, SINTRAINQUIGAS, SINTRENAL, SECCIONAL CAUCA, UNES, ASEP, SINALTRAEMPROS, SINTRAIMAGRA, SINSPUBLIC, SINTRAIME, SINTRAMIENERGETICA, SINTRAESTATALES, ASCONTROL, SINDISTRITALES, SINTRAINAGRO, SINTRAINTABACO Y SINTRASEMA,

Se les violan los derechos de asociación a sindicatos como SINTRADOMESA, quienes el año pasado constituyeron el Sindicato Nacional de trabajadores de DOMESA S.A., haciendo el depósito legal de la documentación ante el Ministerio de la Protección Social y en las horas de la tarde fueron despedidos los miembros de la Junta Directiva y otros afiliados, violando el Código Sustantivo del Trabajo y el convenio 135 de la OIT.

Al sindicato SINTRAINQUIGAS, la Empresa Quintal S.A. en Barranquilla, desde septiembre del año pasado, está empeñada en acabar con el sindicato y la convención colectiva.

ASOTRACOMFAMA, denuncia que las directivas de la Caja de Compensación familiar de Antioquia Comfama, han mantenido una conducta violatoria a los derechos de trabajo, asociación y contratación colectiva y libertad sindical, con el propósito de no permitir el normal desarrollo y crecimiento de la Asociación de Trabajadores de Comfama, ASOTRACOMFAMA, violando los convenios 87 y 98 de la OIT.

Entre los sindicatos que afrontan negociaciones colectivas y a los que se les vulneran también sus derechos son SINTRENAL Seccional Cauca, UNES y ASEP, denuncian la vulneración de los derechos sindicales a la negociación colectiva en el sector público. Es decir, la violación a los convenios 151 y 154 de la OIT, toda vez que han presentado pliego de peticiones al Alcalde municipal, en el año 2009 sin que haya sido posible la negociación.

SINALTRAEMPROS, Sindicato del Ministerio de la Protección Social, presentaron pliego de peticiones en febrero de 2009, toda vez que en la etapa de arreglo directo no hubo un acuerdo satisfactorio para el sindicato, se ha venido solicitando la instalación de la segunda etapa de negociación sin que hasta la fecha, el ministerio haya tenido la intención de terminar la negociación, violando de esta manera los convenios 151 y 154 de la OIT.

SINTRAIMAGRA, en enero de 2010 presentaron pliego de peticiones a la empresa ACEGRASAS S.A. sin que hasta el momento la empresa haya llamado a negociar, violando el convenio 154 de la OIT.

SINSPUBLIC, el Consejo de Administración de la OIT, realizó recomendaciones al gobierno Colombiano para que solucionara la violación al Acuerdo Colectivo de Trabajo, en el punto referente a la estabilidad laboral, el cual suscribió el sindicato con la administración del Hospital Universitario del Valle, al amparo de los Convenios 151 y 164 de la OIT, consideramos que por la Sentencia de la Honorable Corte Constitucional las recomendaciones de la OIT, tienen carácter vinculante y son de obligatorio cumplimiento. Hasta el momento no se han cumplido estas recomendaciones.

SINTRAINAGRO, en la Zona Bananera las empresas palmeras y bananeras vienen desconociendo no solo los convenios internacionales, sino las leyes nacionales. En las empresas Inversora del Magdalena, Inversiones Agrícolas el Reten S.A. y Sonama Ltda, despidieron a los trabajadores por afiliarse al sindicato.

De esta forma, no solo se coarta el derecho de asociación sino que además se niega el derecho a la negociación colectiva. Otro problema que agrava la situación laboral de colombianos sindicalizados, son los despidos masivos de trabajadores en las empresas carboneras Drummond, Glencore, Prodeco afiliados a SINTRAIME, se despiden a dirigentes sindicales violando el convenio 135 de la OIT, por hacer uso del legítimo derecho de asociación y huelga. El caso mas reciente, es el despido que hizo la multinacional norteamericana Drummond Ltd, que explota los yacimientos de carbón y gas de los Municipios de La loma y El Descanso, en el Departamento del Cesar, en la Costa Norte de Colombia. Esta empresa en el mes de junio del 2010 despidió al Presidente Nacional de Sintramienergetica, Raúl Sossa, como consecuencia de la ilegalización del justo paro que realizaron los trabajadores a finales de 2009, contra la intransigencia de la Drummond, por la lamentable situación de inseguridad que ha causado la muerte de 16 trabajadores.

Este despido se suma al de los otros 26 dirigentes sindicales Luis Vargas, Harold Acosta, Carlos Bracho, Javier Pérez, Wilson Leyva, Gustavo Cermeño, Julio Navas, Farud Orlando Yamal, Libardo Ledesma, Orlando Acosta, Juan Barrios, Juan Aguas, Edgar Muñoz, Darla Triana, Cesar Flores, Miguel Corvacho, Fernando Mora, Juan Carlos Ortega, José Fermín Malkun, Eder Carlos Díaz, Estivenson Ávila, Wilson Daniel Alvarado, Oscar Pineda, Jesús Maury Martínez, Álvaro Díaz Maceas, de las Subdirectivas de El Paso, Chiriguana, Ciénaga y después de haber firmado la Convención Colectiva de Trabajo, el pasado 11 de junio, negociación en la cual Sintramienergética y la CUT hicieron un gran esfuerzo de acercamiento y transigencia para evitar otro conflicto huelguístico.

En La Jagua De Ibirico, la arrogancia del monopolio GLENCORE, Carbones de la Jagua impide la solución petitorio obrero y es obtener mejores beneficios para el trabajador en el aspecto salarial.

De igual forma, en SINTRASEMA - En el Municipio de Sonsón, Antioquia, se presentan despidos de directivos y de activistas sindicales, violando el Convenio 135 de la OIT. Estos despidos condujeron a la liquidación de la organización sindical en ese municipio, por lo cual, se violaron también los convenios 87 y 98 de la OIT. De igual manera, el Alcalde se niega a negociar el pliego de peticiones presentado por el sindicato.

En SINTRAINTABACO - En los últimos quince días la multinacional Philip Morris ha despedido a cinco trabajadores en la fábrica de Medellín. Los despidos recurrentes en esta multinacional siguen siendo motivo de alerta sus trabajadores, quienes aseguran que la aplicación de políticas que promueven el trabajo polivalente y acrecientan el acoso y la discriminación laboral, son las causales de los despidos, las políticas de la multinacional tienen la intención de acrecentar su producción, reduciendo la mano de obra y promoviendo la realización de varios oficios para ahorro de costos. Hasta junio de este año el número de despedidos es de más de 500 trabajadores.