Juan Manuel Santos, el candidato del oficialismo para ganar la presidencia, se manifestó orgulloso de que su país sea comparado con Israel, pese a que la comparación no se atribuía a progresos económicos o sociales, sino al papel de gendarme de Estados Unidos en la región. Ya en la campaña electoral, Santos había vuelto a defender su posición de atacar a guerrilleros incluso fuera de las fronteras de su país. Así las cosas, la Casa Blanca no tiene necesidad de presionar al futuro inquilino del Palacio Nariño para que continué con la política de agresión y presión a los países vecinos, ni dudar sobre el tratado que le permite utilizar bases militares en ese país.
El respaldo al candidato oficialista parece difícil de explicar, ya que los resultados económicos, sociales y de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe, no son nada positivos. Es más extraño aún que el propio presidente Uribe este culminando su segundo mandato con un respaldo que las encuestas sitúan en el entorno del 60 por ciento. Algunos analistas recuerdan que el mayor respaldo al gobierno y al candidato oficialista está en el medio rural, y allí los grupos armados tienen enorme influencia en los votantes, especialmente cuando el índice de abstención llega a casi el 50 por ciento.
La Casa Banca respiró más aliviada con la victoria de Santos en la primera vuelta, ya que un triunfo de Mockus, aunque no cuestionaba la instalación de las bases ni la colaboración militar con Estados Unidos, podría abrir una política de diálogo, negociación y distensión con los países vecinos, Ecuador y Venezuela. El presidente venezolano Hugo Chávez, ha denunciado en reiteradas oportunidades que Uribe ha convertido a Colombia en el Israel de Suramérica, al comparar el papel de ese país en Medio Oriente como defensor y promotor de la política hegemónica norteamericana. El candidato oficialista aceptando esa comparación, fue más allá y aseguró que era un "orgullo ser el Israel" de Suramérica.
Aliado con EE.UU.
Un síntoma de la especie de luna de miel entre el candidato oficialista y el gobierno de Estados Unidos, fue la reunión realizada la semana pasada entre la Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, y Juan Manuel Santos. En esa reunión acordaron seguir con el tratado por el cual Colombia cede a Estados Unidos el uso de siete bases militares en su territorio. Santos dijo que con Clinton coincidieron que las protestas regionales a esa acuerdo, "fueron una tormenta en un vaso de agua", en lo que puede ser considerado un nuevo desafío a las manifestaciones de casi todos los países sudamericanos.
En el encuentro también se valoró positivamente el llamado "plan Colombia" por el cual el país del norte ha enviado miles de millones de dólares y asesores militares para el combate al narcotráfico y a las guerrillas de izquierda.
En cuanto a la demora en que el Congreso de Estados Unidos apruebe el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, Santos explicó que la Secretaria de Estado dijo que no era una decisión del gobierno de Barack Obama, sino responsabilidad de los legisladores. Cabe acotar que el Congreso norteamericano no ha sancionado el TLC debido a las denuncias de los sindicatos norteamericanos sobre la violación de los derechos humanos y los derechos sindicales por parte de Colombia.
Aunque Clinton se reunió también con el candidato opositor Antanas Mockus, la visita de la Secretaria de Estado a Colombia a una semana de la segunda vuelta y cuando el candidato oficialista se presenta con tantas ventajas, es considerara un respaldo directo a Santos.
Coincidiendo con esta visita, el diario El Tiempo, propiedad de la familia Santos, reveló que el candidato oficialista tiene ya el respaldo del 80 por ciento de los legisladores electos en marzo, después de repasar los acuerdos políticos alcanzados para la segunda vuelta (1).
Más de 60 por ciento para Santos
El domingo Colombia optará, seguramente, por elegir al ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos como nuevo presidente de Colombia. Una encuesta realizada la semana pasada por el Centro Nacional de Consultoría sobre intención de voto para la segunda le da la ventaja al candidato oficialista con un porcentaje de 61,6 por ciento, Antanas Mockus, su contrincante del Partido Verde, alcanza un 29,8 por ciento.
Los partidos y sectores de partidos que apoyaron al hasta ahora presidente Álvaro Uribe y hasta las bandas armadas vinculadas al narcotráfico y el paramilitarismo, se alinearon detrás del candidato oficialista que el mismo día de vencer en la primera vuelta, convocó a un "acuerdo nacional". El candidato opositor, Antanas Mockus, que también respalda la política de "seguridad democrática" rechazó las alianzas para la segunda vuelta, y parece casi imposible que pueda superar la ventaja de más de 20 puntos que le sacó su contrincante en los comicios de mayo.
Una herencia difícil de superar
Santos, que fue ministro de Defensa de Uribe y principal acusado por la justicia de Ecuador por el ataque al campamento de Angostura, el primero de marzo de 2008 donde murieron 23 personas, entre ellas el jefe de las FARC, Raúl Reyes, pero también estudiantes de visita y un ciudadano ecuatoriano confundido con otro jefe guerrillero, se presentó como continuador de la política de Uribe. Uribe termina su mandato con un alto índice de aprobación, según las encuestas que fallaron estrepitosamente en pronosticar el resultado de la primera vuelta. Sin embargo, a parte de cierta sensación de mayor seguridad en las ciudades, y un debilitamiento de la guerrilla de izquierda, el presidente Uribe no puede presentar grandes avances, y por el contrario, en materia de derechos humanos, trabajo y desarrollo económico, hay un grave deterioro.
Al asumir la primera presidencia en 2002, Uribe se comprometió en terminar militarmente con la guerrilla de las FARC en 18 meses, y en ese entonces no sólo se comprometió en una alianza militar con Estados Unidos para que interviniera en el país, sino que lanzó una ofensiva militar que incluyó bombardeos indiscriminados a las zonas que supuestamente controlaban la guerrilla.
Ocho años después, el conflicto parece estar muy lejos de tener una solución militar como promovía y pronosticaba Uribe, y después su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Hoy Santos insiste en mantener esa actitud, por lo que se puede pronosticar que consumirá otros cuatro años en apostar por la guerra.
Siguiendo este camino, Colombia se ha convertido en el país latinoamericano que mayor porcentaje de su Producto Bruto Interno (PBI) destina a gasto militar. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz con sede en Estocolmo, Suecia, Colombia gastó 10.055 millones de dólares en gastos militares en 2009. Curiosamente, su vecino, Venezuela, que se siente amenazado por el militarismo colombiano, fue el país que más redujo su gasto militar.
Esta apuesta al gasto militar, consecuencia lógica de la política de "seguridad democrática", provocó el aumento de número de desplazados en el país, que, según organismos de derechos humanos, supera los 4 millones de personas. Colombia es el país con mayor número de desplazados en el mundo. Otra consecuencia fue la continuidad de los asesinatos de dirigentes sindicales, especialmente en las zonas rurales, y la aparición de un fenómeno típicamente colombiano, conocido como los "falsos positivos". Los denominados "falsos positivos" fueron denunciados el pasado año cuando en zonas rurales aparecieron asesinados jóvenes denunciados como desaparecidos en comunidades pobres de ciudades alejadas. Los familiares relataron entonces que esos jóvenes recibieron ofertas de trabajo y que después aparecieron, según comunicados del ejército, como muertos en combates. Los jóvenes eran reclutados para trabajos lejos de sus lugares de residencia, eran asesinados y presentados como combatientes guerrilleros muertos en combate. Con ello, las unidades militares que los habían "abatido" recibían distintos beneficios y premios de las autoridades. A la cabeza de esa política, que según algunos cálculos cobró la vida a más de 2 mil jóvenes, estaba el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, hoy candidato presidencial y casi futuro presidente.
La justicia colombiana empezó a investigar esos casos, y logró detener a decenas de militares responsables directos de los asesinatos, pero poco a poco los fueron liberando por argucias legales, ya que el ejército demora a propósito cumplir los plazos de presentación de pruebas y descargos.
Negociación con los"paras"
Una herencia muy publicitada por el gobierno de Uribe y reivindicada por Santos, es el supuesto desmantelamiento de las bandas paramilitares nucleadas en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El presidente logró sancionar una ley para desarmar a esos grupos, donde se establecía que sus integrantes podían reintegrarse a la sociedad, sus líderes serían juzgados y que por todos sus crímenes, así reconocieran el asesinato de miles de personas, recibirían como máximo 8 años de prisión. Para acceder a ese límite, debían reconocer todos sus delitos ante la justicia. La ley preveía también que los bienes incautados a las bandas paramilitares financiadas desde el inicio por el narcotráfico- serían utilizados para reparar a las víctimas y a las familias desplazadas. Cabe recordar que las bandas armadas se dedicaron también a obtener propiedades rurales comprando tierras bajo amenazas o asesinando a sus propietarios y obligando a vender a sus herederos.
La reparación a las víctimas ha sido insignificante y en algunos casos hay denuncias de que los bienes fueron usados para beneficio de familiares amigos de los encargados de administrar los bienes incautados.
El otro aspecto de la ley financiada además por aportes de la Unión Europea- era conocer la verdad sobre los crímenes de los paramilitares. Sus jefes prestarían testimonios voluntarios antes los jueces, sabiendo que el límite de sus condenas no sobrepasaría los 8 años de prisión. Sin embargo, cuando los jefes paramilitares comenzaron a revelar parte de sus vínculos con la clase política, el presidente Uribe los extraditó a Estados Unidos para que cumplieran allí pena por contrabando de drogas y lavado de dinero. Sin embargo, algunos testimonios brindados a la justicia, a través de video conferencias, ha dejado ver el entramado político que alentó y fortaleció a las bandas paramilitares, que a su vez se benefició del control que esos grupos lograron en las zonas rurales. Según estimaciones oficiales, más de un 30 por ciento del Congreso estaba integrado por diputados o senadores que pactaron con los paramilitares. En su testimonio desde Estados Unidos, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso (2), reiteró su versión anterior de que las AUC dialogaron y negociaron con el actual candidato Santos, y con su primo, el actual vicepresidente de la república, Francisco Santos.
Por otra parte, las antiguas bandas integrantes de las AUC, han sido sustituidas ahora por otras que también mantienen el control del narcotráfico y que siguen infiltradas en el aparato del Estado y con vínculos fluidos con la llamada "clase política". En las pasadas elecciones legislativas de marzo, el nuevo Partido Independiente Nacional (PIN), sucesor del controvertido Convergencia Ciudadana, obtuvo más de un millón de votos, convirtiéndose en la tercera fuerza política. Sus dirigentes, según los medios de prensa colombianos, están vinculados a la llamada "parapolítica", es decir, a los acuerdos entre políticos y paramilitares. El PIN ya se pronunció por respaldar a Santos aunque este no quiere aparecer vinculado a esa fracción.
Mayor desempleo y violencia de América Latina
Según las encuestas preelectorales, la mayor preocupación de los votantes es la falta de empleo y la informalidad. Un estudio de la firma Invamer-Gallup reveló que el 39,4 por ciento de los encuestados considera que el principal objetivo del futuro gobierno debe ser reducir el desempleo, mientras que el 75 por ciento estimó que la situación laboral ha empeorado en el país. Según los datos oficiales, el desempleo llegó en abril de este año, al 12,2 por ciento, el índice más alto desde 2004. En términos absolutos, significa que más de 2,6 millones de personas están buscando trabajo. Al mismo tiempo, y también según datos oficiales, la informalidad laboral llega al 58 por ciento de los trabajadores y la empresarial al 41,1 por ciento. En las microempresas, la informalidad sobrepasa el 46 por ciento.
En tanto, el Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Australia, presentó un informe mundial sobre los índices de violencia, y que ubica a Colombia como el peor país de la región, y entre los más violentos del mundo. De acuerdo con los resultados del Índice Global de la Paz (IGP), Colombia vuelve a quedar entre los 15 más violentos del planeta, a apenas 10 posiciones de lugares como Somalia y a 11 de Irak, el último de la lista. Colombia, en el número 138 del mundo, es el país más violento de Latinoamérica, en una lista de 149 países según su nivel de pacificación.
El IGP determina la posición con base en una combinación de 23 indicadores cualitativos y cuantitativos que van desde el gasto militar a las relaciones con los estados vecinos, y que contempla otros delitos como el secuestro, el pandillismo y el hurto. Uruguay, que se situó en el puesto 24, sería según el IGP el Estado más pacífico de la zona. El segundo país latinoamericano menos violento, después de Uruguay, es Costa Rica (26), seguido de Nicaragua, en el puesto 64. Luego están Argentina (71), Cuba (72), Paraguay (77), Bolivia (81), Perú (89), Ecuador (101), El Salvador (103), México (107), Guatemala (112), Honduras (125) y Colombia (138). El informe señala que la violencia se cobra 7 billones de dólares anuales de la economía mundial.
Corrupción generalizada
El gobierno de Alvaro Uribe ha sido acusado de permitir la corrupción en todos sus niveles. Corrupción que va desde la impunidad para los responsables de los "falsos positivos", la falta de reparación a las víctimas de los grupos paramilitares pese a existir una ley en ese sentido y la incautación de bienes para realizarla, hasta pago de comisiones, sobrefacturas y contrataciones indebidas en las inversiones públicas, tanto a nivel nacional como comunal. El tema es de tal gravedad que el Auditor General de la República, Iván Darío Gómez, envió una carta a ambos candidatos presidenciales con sugerencias para que frenen el despilfarro de dineros públicos.
"La corrupción en contratación con recursos públicos es dramática ya que, según cifras dadas a conocer por el Zar Anticorrupción a finales del año 2009, se desvían al año 4,2 billones de pesos (4200 millones de dólares), pero la cifra hoy puede ser muy superior", reveló.
Gómez denunció también la existencia de "nóminas paralelas en el Estado, que además constituye la principal fuente de clientelismo para pagar favores políticos mediante contratos estatales de prestación de servicios". En la carta a los candidatos, el auditor general cuestiona la práctica de la administración pública de realizar concesiones de obras y después prorrogarlas sin control alguno, así como la enorme cantidad de contrataciones directas que se saltean las licitaciones o los concursos, amparados en excepciones, especialmente "los bienes y servicios requeridos para la defensa y seguridad nacional que se contratan masivamente de manera directa". Además, advirtió en su misiva que en entidades del Estado hay un amplio margen de discrecionalidad en las contrataciones, donde hay "frecuentes casos de sobrecostos y de amiguismo para contratar el erario al amparo de regímenes de derecho privado".
Asimismo advirtió que en las empresas mixtas, con capitales del Estado y del ámbito privado, se elude el control fiscal,"en este sentido es evidente la prevalencia del interés privado sobre el público".
(1)La semana pasada se confirmó el apoyo de los congresistas de Cambio Radical, por lo que junto con el respaldo de los conservadores y del 90% de la bancada liberal, el candidato oficialista se aseguró el control casi total del legislativo. De mantenerse estos acuerdos para la segunda vuelta, Santos alcanzaría, como mínimo, un respaldo de 212 de los 268 parlamentarios. Prácticamente un 80 por ciento del Congreso. A los 28 senadores y 49 representantes que ya tenia su partido (la U), sumó el apoyo de gran parte de la bancada del Partido Liberal, en oposición en estos ocho años, aproximadamente unos 15 senadores y 33 representantes. Este respaldo del 90 por ciento de la bancada liberal es debido a la decisión de la cúpula partidaria que liberó a sus congresistas para apoyar al candidato que quisieran en la segunda vuelta. Algunos liberales, como la senadora Piedad Córdoba, respaldarán a Mockus en las elecciones del 20 de junio. El pasado martes, Cambio Radical también anunció el respaldo a Santos, aportando 24 congresistas. Sumando todos los apoyos, la bancada oficialista estaría integrada por 75 senadores de 102 posibles y 137 representantes de 166 posibles, siempre y cuando el respaldo para esta segunda vuelta se mantenga en la labor parlamentaria posterior.
(2) El candidato Juan Manuel Santos ha quedado también comprometido, junto a su primo el vicepresidente de la república, Francisco Santos, por las declaraciones del ex jefe paramilitar y narcotraficante, Salvatore Mancuso. El ex jefe paramilitar volvió a decir que el hoy candidato presidencial Juan Manuel Santos le propuso a Carlos Castaño, ex líder de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) dar un golpe de estado al entonces presidente Samper. Mancuso, extraditado a Estados Unidos, desde donde ha prestado declaración a la justicia colombiana por video conferencia, ya había mencionado a Juan Manuel Santos en mayo de 2007. En esa versión libre, una de las primeras que daba en el Centro La Alpujarra de Medellín, Mancuso aseveró que el entonces titular de la cartera de Defensa, en alguna oportunidad, buscó a Carlos Castaño y le pidió respaldo para un acuerdo que pretendía derrocar de la Presidencia a Ernesto Samper Pizano. Ahora desde Estados Unidos vuelve a insistir en esa versión. Mancuso implica también al vicepresidente Francisco Santos, al sostener que se reunió varias veces con los ex jefes de las AUC. «Me sorprendí porque lo noté identificado con la causa y porque le dijo a (Carlos) Castaño que le gustaba el modelo (paramilitar) de Córdoba y que le gustaría que se repitiera en Bogotá», dijo Mancuso en su declaración. En uno de esos encuentros, añadió Mancuso, «Castaño le propuso a Santos que comandara el Bloque Capital, pero se negó diciendo que no sabía de esas vainas». Los primos Santos, de la familia del diario El Tiempo, niegan las acusaciones.